El acusado intentó revertir la condena indicando que los agentes policiales no lo vieron manipular el arma en público, sino “guardar un objeto en la guantera de un vehículo”, acto neutro que no es indicio para efectuar un control de identidad, no obstante, la magistratura sostuvo que dicho acto fue apreciado por los funcionarios en el contexto de una denuncia anónima que identificó al imputado, el vehículo en el que se encontraba, y el lugar en que amedrentaba a los transeúntes con el arma.

Se acusó a la compañía de no responder las consultas realizadas por la Comisión, relacionadas con el material de abuso infantil existente en la plataforma. Así, X no habría señalado el tiempo necesario que requiere para abordar los informes de material de abuso infantil y los métodos utilizados para detectar estos ilícitos.

Inhabilidad de ingreso a la Administración, por haber sido calificado en lista 4 o por dos años consecutivos en lista 3, se genera no solo por la declaración de vacancia del cargo, sino también cuando el funcionario, luego de ejecutoriada su mala evaluación, presenta su renuncia.

La tardanza para lograr el reconocimiento de un derecho pensional constituye en sí misma un factor de vulneración de los derechos constitucionales del accionante. En efecto, el afectado lleva 18 años buscando el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, situación que, sumada al estado de vulnerabilidad en el que se encuentra, conlleva una profunda afectación a sus derechos al minimo vital y a la dignidad humana.

Establece un plazo máximo de 36 meses, para realizar el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas de los prestamos otorgados a los transportistas en el contexto de pandemia.

La recurrente intentó cobrar 8 facturas a la Municipalidad de Lautaro, las que fueron cedidas por una empresa constructora que no prestó los servicios acordados con el municipio, circunstancia que no pudo ser desmentida en juicio por la demandante, que intentó invocar nuevos hechos en sede de casación, situación que fue considerada improcedente por el máximo Tribunal.

Los seis consejeros y seis comisionados prosiguieron con el debate de las observaciones ingresadas al Capítulo V: Gobierno y Administración del Estado, donde -entre otras materias- se busca modificar el artículo 109, relativo a la modernización de la administración del Estado, obligaciones de la función pública y su estructura de funcionamiento.

El informe plantea que se generan diversas dificultades. La principal se centra en la necesidad de clarificar el tribunal competente para conocer de la ejecución de dichas medidas, en tanto la fiscalía no judicializa la causa ante el tribunal penal respectivo.

Los senadores recibieron al coordinador del Minsal, quien detalló el plan piloto de atención primaria universal. Tras ello plantearon que “se requieren más antecedentes, no sabemos qué reforma se propone”.

Esta pena produce la privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en organizaciones deportivas y la incapacidad perpetua para obtener cargos, empleos, oficios y profesiones en organizaciones deportivas.