El máximo Tribunal se pronunció respecto de la resolución que declara inadmisible la oposición del ejecutado, en el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero.
Se espera generar una instancia de diálogo entre instituciones de relevancia en la materia, con la intención de encontrar puntos de encuentro para superar dificultades encontradas en los primeros diez años de aplicación de la ley.
Los senadores explican que estos recursos apuntan a exceptuar la aplicación de las referidas normas relacionadas con el conjunto de reglas que determinan la pena en la Ley de Tránsito.
Igualmente se desestimó la petición subsidiaria de la reclamante, esto es, aplicar el procedimiento SARC.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones se abstenga de incorporar en los respectivos lineamientos una regulación de esa naturaleza.
La gestión invocada incide en un recurso de queja presentado ante la Corte de Santiago.
La resolución impugnada establece que el denunciado infringió la ley ya referida pues existió una donación de una vaquilla.
El máximo Tribunal ibérico establece que el recurso carece manifiestamente de fundamento.
La gestión pendiente incide en un recurso de protección ventilado ante la Corte de Santiago.
Corresponde ahora que el Tribunal Ambiental escuche los alegatos cuya vista de la causa fue fijada para el día 01 de junio.
