El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de las recurridas al denegar la cobertura del fármaco aduciendo solo razones administrativas económicas, y pese a estar indicado por equipo médico que atiende a la paciente.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que acogió la demanda por incumplimiento de contrato.
El máximo Tribunal descartó falta o abuso por parte de los ministros recurridos.
El Tribunal aplicó, además, a Sosa Alonzo las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género junto a su par de la Secretaria General de la Presidencia plantearon a la instancia su apoyo al proyecto que amplia la Ley de Cuotas para elecciones de concejales, sin embargo, no respaldan que aplique también a elecciones de alcalde y gobernadores.
La Comisión destacó que el objetivo es «monitorear la situación de los derechos humanos con relación a las condiciones de recepción en la frontera, el acceso al asilo y a los procedimientos de protección internacional».
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional de igualdad ante la ley, debido proceso y su derecho de propiedad.
La gestión pendiente incide en autos sobre término de contrato de arrendamiento, seguidos ante el 23° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de casación en la forma.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguidos ante la Corte de Santiago.
