La recurrente intentó cobrar 8 facturas a la Municipalidad de Lautaro, las que fueron cedidas por una empresa constructora que no prestó los servicios acordados con el municipio, circunstancia que no pudo ser desmentida en juicio por la demandante, que intentó invocar nuevos hechos en sede de casación, situación que fue considerada improcedente por el máximo Tribunal.

Los seis consejeros y seis comisionados prosiguieron con el debate de las observaciones ingresadas al Capítulo V: Gobierno y Administración del Estado, donde -entre otras materias- se busca modificar el artículo 109, relativo a la modernización de la administración del Estado, obligaciones de la función pública y su estructura de funcionamiento.

El informe plantea que se generan diversas dificultades. La principal se centra en la necesidad de clarificar el tribunal competente para conocer de la ejecución de dichas medidas, en tanto la fiscalía no judicializa la causa ante el tribunal penal respectivo.

Los senadores recibieron al coordinador del Minsal, quien detalló el plan piloto de atención primaria universal. Tras ello plantearon que “se requieren más antecedentes, no sabemos qué reforma se propone”.

Esta pena produce la privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en organizaciones deportivas y la incapacidad perpetua para obtener cargos, empleos, oficios y profesiones en organizaciones deportivas.

Se dedicaban a lo menos, del mes de mayo del año 2021 a la adquisición, guarda, trasporte, venta y suministro de drogas, principalmente, pasta base de cocaína y marihuana, parte de la cual era habitualmente ingresada al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, en diferentes horarios y fechas, bajo la especial modalidad de internarla mediante el sobrevuelo del espacio aéreo del reciento penal con un dron que con ayuda de varios internos, les indicaban previo acuerdo de fechas y horarios con quienes la internaban, el lugar donde debían dejar caer la droga.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, ya que al ser la tasación fiscal menor que la mitad del justo precio, se perjudica enormemente al propietario.

La utilización de las mismas en programas de investigación periodístico no amenaza, priva ni perturba las garantías del derecho a la vida privada, a la honra ni a la propiedad sobre su imagen.

La decisión de expulsión de la estudiante corresponde a una medida establecida en el reglamento interno de convivencia escolar del establecimiento educacional, el cual se constituye en el cuerpo normativo esencial que establece las reglas de convivencia por las cuales deben guiarse los miembros de la comunidad escolar.

El consentimiento del penado es admisible tanto el manifestado directamente por el condenado, como el que se transmite al órgano judicial a través de su representación procesal.