La Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la parte que estableció la responsabilidad del Estado por la falta de servicios en el actuar policial en el control de un manifestación pública, pero estableció error de derecho al conceder parcialmente lo pedido por concepto de lucro cesante.

El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco que denegó la solicitud del condenado, por no cumplir con los requisitos para acceder al beneficio.

La requirente estima que las sanciones aplicadas por la Corte de Apelaciones son desproporcionadas.

En consideración al tiempo transcurrido desde que se decretó el apremio de arraigo nacional contra el recurrente y encontrándose la causa sin movimientos hace más de diez años.

En el juicio ejecutivo de cobro de patente municipal los jueces de fondo sólo analizaron el certificado de deuda emitido por el Secretario Municipal, omitiendo el análisis de la prueba aportada por el ejecutado, que acreditaba que su actividad comercial era primaria, por lo que no estaba sujeta al gravamen pretendido por el municipio.

En el delito de sedición la incitación está completa una vez que se hace el enunciado. No es necesario que el delito que se incita se haya cometido efectivamente. Tampoco es necesario que se establezca que es razonablemente probable que se produzca el hecho delictivo que se ha incitado.

El requirente alegó que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.

En avenimiento, la empresa denunciada ofreció pagar $165.000.- por concepto de daño material, monto que fue aceptado por la consumidora afectada que, en consecuencia, se desistió de la acción civil incoada. En lo infraccional se le impuso una multa a beneficio fiscal de 10 UTM.

El trabajador posee un derecho de opción para acudir al tribunal mediante el procedimiento de aplicación general si no desea concurrir previamente ante la Inspección del Trabajo, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 498 del Código del Trabajo, resuelve el máximo Tribunal.

El Tribunal debe hacerse cargo, al fundamentar su decisión, de toda la prueba producida incluso de aquella que hubiere desestimado.