La gestión pendiente invocada recae en un proceso seguido ante el Juzgado de Garantía de San Antonio.
Su lectura excedía del tiempo máximo de duración que establece la norma.
El documento describe las penas que se aplican a quienes cometen incendios forestales intencionalmente o por negligencia.
Las gestiones pendientes inciden en procesos penales seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Curacautín y ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete.
Los representantes solicitan incluir en la norma no solo a los celulares, sino que también a cualquier otro medio electrónico, aplicación o sistema de comunicación o entretenimiento móvil que afecte la conducción vehicular.
El objetivo es cuidar a los trabajadores en situaciones como incendios, terremotos, explosiones, tsunamis y erupciones volcánicas.
El estudio arroja que el gasto en publicidad y difusión ha aumentado significativamente a lo largo del periodo en análisis.
El Tribunal estableció que el “riesgo” o “daño inminente” para la salud de la población, se habría configurado mediante la constatación de la superación de la norma.
El Tribunal de alzada acogió el recurso de nulidad y revocó la resolución dictada el 14 de enero pasado, por el Primer Juzgado Civil de Chillán, que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, que dio por establecido que existió una relación laboral entre el INE y Claudia Moreno Céspedes, quien prestó servicios entre octubre de 2010 y junio de 2015.
