La SACROI COVID-19 fue creada para fortalecer las capacidades institucionales de la CIDH para la protección y defensa de las libertades fundamentales y derechos humanos en este contexto.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana sostuvo que se vulneraron los derechos al debido proceso administrativo y a la seguridad social del accionante.
El máximo Tribunal ibérico confirmó además en el notario, otra pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El máximo Tribunal no dio admisibilidad al recurso interpuesto en contra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó el recurso de nulidad interpuso contra la sentencia de base que acogió la demanda por vulneración de derechos fundamentales.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, que acogió la denuncia realizada por el Sernac, en representación del cliente afectado, que estimó que existió infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores.
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Como señala el inciso final de ese precepto podrá sancionarse, además de la multa, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el Alcalde, a petición del Director de obras Municipales.
El Tribunal de alzada revocó con costas la sentencia impugnada, dictada por el 11° Juzgado Civil de Santiago, que había acogido la demanda.
En razón de que las partes celebraron un contrato de arriendo con vigencia inicial hasta el día 30 de septiembre de 2018, no obstante que se puso término al contrato de arriendo en forma inmediata a solicitud de la arrendadora, dejándose establecido que el inmueble estuvo ocupado por la demandada hasta el 9 de enero de 2017.
