El máximo Tribunal sostuvo que dicho proceder vulneró el derecho a igualdad ante la ley del recurrente.
El máximo Tribunal resolvió aplicar las sanciones previstas en el artículo 162 del Código del Trabajo a la empresa, por los montos adeudados a Félix Eduardo Jaramillo Flores.
Se condenó al ex general Víctor Lizárraga Arias a 205 días de presidio efectivo, en calidad de autor de cinco delitos reiterados de cohecho, ilícitos perpetrados a partir de 2007, en el denominado «caso Fragatas».
Indica LyD que se abre un período prolongado de incertidumbre, que se mantendrá hasta que se resuelvan las dudas y problemas que surjan de la aplicación de la ley.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso penal seguido ante el 6° Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de porte ilegal de arma de fuego.
La CIDH determinó que la víctima no contó con un acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los abogados integrantes Sres. Quintanilla y Correa, quienes estuvieron por rechazar del recurso de unificación de jurisprudencia.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona, Peña y Hernández Emparanza.
Dado que en la especie el Alcalde aplicó a la recurrente una medida distinta a la propuesta por la Contraloría, ésta debía limitarse a verificar que ello estuviese fundado.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso seguido ante el Juzgado de Garantía de San Antonio.
