En este caso no existe certeza acerca de la muerte del padre del titular de los fondos, por lo que no corresponde la entrega de estos a título de herencia a los hermanos.

La actora tiene el título de ingeniera y en la empresa la categoría de Técnico Titulado Superior. El varón la categoría profesional de Técnico Grado Medio, pero percibe una mayor retribución que la demandante pese a que ésta tiene más antigüedad. Se ordenó el cese de tal comportamiento empresarial por discriminatorio y contrario al principio de igualdad. Además, se la condenó al pago de una indemnización de 13.000 euros.

Los requirentes alegaron que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.

Al poner término anticipado al contrato de seguro, la aseguradora no respetó la propia manifestación de voluntad de los contratantes, que convinieron otorgar un plazo de 15 días corridos para pagar la deuda contados desde el aviso de cancelación del contrato.

Informar una deuda y advertir la posibilidad de ejercer acciones legales o publicar la misma, no resulta contraria al ordenamiento jurídico.

La ciudadanía ha manifestado un malestar generalizado ante diversas situaciones en las que los parlamentarios son percibidos como personas que cuentan con privilegios.

En el caso concreto solo existió identidad de sujetos y de materia, por lo que no vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de no ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.

Si existe una migración masiva y repentina de millones de personas al sector público, afectará la atención de salud de toda la población beneficiaria de FONASA, toda vez que no tendrá la flexibilidad oportuna para dar atención de salud a nuevos beneficiarios.

No obstante, la Corte ordena al Jugado de Garantía que cite a nueva audiencia para discutir sobre la pertinencia de dar aplicación al artículo 458 del Código Procesal Penal y la medida cautelar del imputado por delito de incendio en perjuicio de la casa de su madre.

El requirente alega que la medida atenta contra su derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.