El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, al provocar un efecto retroactivo que anula el despido previo por necesidades de la empresa.
El sancionado se negó a abordar un vuelo que dispuso la Administración para que los turistas retornaran al territorio nacional, argumentando “miedo insuperable” de contagiar a su abuelo con Covid-19, con quien vivía en la comuna de Curarrehue, situación que no pudo ser comprobada ante la autoridad administrativa ni la magistratura, permaneciendo 117 días más de lo permitido por la Ley Nº21.07 en el territorio insular.
La denunciante no pudo acreditar ser la dueña del predio donde se construye la obra nueva -un jardín infantil-, ya que existen litigios pendientes respecto de los daños producidos, así como de la titularidad del inmueble, por lo tanto, la actora no cumple con los requisitos que establece el artículo 930 del Código Civil para dar lugar al interdicto deducido.
Los demandantes se vieron obligados a vivir en un entorno contaminado por los desechos acumulados a lo largo de las calles y por los sitios de almacenamiento temporal de basuras. Dicha exposición a residuos, en violación de las normas de seguridad, había hecho a los demandantes más vulnerables a diversas enfermedades. Esta conclusión fue respaldada por diversos estudios científicos. La constatación de la vulneración de derechos constituye en sí misma una satisfacción justa y suficiente para resarcir el daño moral causado.
En una sola votación y de manera completa, se aprobó por 32 votos a favor y 17 en contra, el texto evacuado por la mencionada comisión, cumpliendo de esta manera con el reglamento que fija el Proceso Constitucional, el cual ya está llegando a su fin. Posteriormente, se someterá en una última votación y de forma íntegra el escrito definitivo, el cual será entregado al Presidente de la República, Gabriel Boric, el próximo 7 de noviembre.
La Primera Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso al no configurarse la causal de nulidad invocada por el recurrente.
El pleno de ministros plantea que sobre las normas consultadas a esta Corte Suprema, el proyecto establece un procedimiento de reclamación judicial para reclamar de la resolución exenta dictada por la Subsecretaría de Prevención del Delito que designa a ciertas organizaciones como entidades obligadas. Sobre este procedimiento, se hacen una serie de observaciones que podrían dar mayor certeza a la regulación propuesta
Es posible calificar como descuidada o poco prolija la ejecución de los protocolos de seguridad de que se ha dotado, mas no es posible estimar que estemos frente a un acto ostensiblemente desproporcionado en términos que puede ser calificado de arbitrario con la virtualidad suficiente para conculcar las garantías constitucionales que la actora enarbola.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe el principio de supremacía constitucional, de juridicidad y de legalidad de la actuación de los órganos de la administración del Estado.
En virtud de la Ley 20.442, el conocimiento de eventuales hechos que constituyan discriminación contra personas con discapacidad, no se realiza de manera directa, sino sólo mediante denuncias de terceros, informo SENADIS.
