La recurrente adujo que se vulneró la igualdad ante la ley y el respeto y protección a la vida privada.
El requisito de la dirección laboral común se establece porque existe una persona que es el representante legal de todas ellas y se lleva en forma conjunta toda la gestión administrativa del personal contratado.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que estableció que la negativa a otorgar el tratamiento requerido, vulnera el derecho a la vida del infante.
El máximo Tribunal español desestimó todos los motivos planteados en el recurso de casación interpuesto por la condenada.
No aparece que en la carta de despido que se le entregó a la actora, la empleadora omitiera señalar las conductas justificantes del incumplimiento grave a las obligaciones que emanaban del contrato.
La gestión pendiente incide en autos sobre cumplimiento laboral, seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
La Magistratura Constitucional colombiana concluyó tutelando los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de los menores de edad.
La decisión fue acordada con la prevención de los Ministros Brito y Muñoz, quienes no comparten el razonamiento relativo al aprovechamiento del propio dolo por parte del empleador.
El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras establecer que en la especie no se vulneraron garantías fundamentales porque «quien detenta un cargo público puede ser cuestionado válidamente».
El máximo Tribunal no hizo lugar al recurso de unificación de jurisprudencia deducido por los demandantes y dictó sentencia de reemplazo.
