En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el artículo 84 N°6 de la LOCTC, esto es, la falta de fundamento plausible.
Corte de Santiago señaló que los hechos ya están siendo conocidos por un tribunal.
El máximo Tribunal señaló que el recurso de amparo no es la vía para corregir eventuales errores procesales.
El Tribunal dio por establecido el incumplimiento contractual y condenó a la empresa a pagar al demandante la suma única y total de $12.000.000 por concepto de lucro cesante.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar presentada en contra de la decisión de cierre adoptada por el sostenedor, cuya tramitación se ve actualmente en la Secretaría Ministerial de Educación.
Al tomar su decisión, la Comisión valoró que el propuesto beneficiario se encontraría privado de libertad en la Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi (Cárcel de Latacunga), y estaría siendo objeto de intimidaciones, hostigamientos y amenazas dentro de dicho centro.
El ente contralor adujo que un cambio en el régimen estatutario no puede implicar un impedimento o merma para gozar del feriado, porque se trata de desempeños como empleados públicos para la Administración del Estado.
El proyecto fue presentado por los senadores Harboe, Goic, Huenchumilla, Quintana y Pugh.
La amparada considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
El proyecto fue presentado por el Presidente de la República en el contexto de la crisis social.
