El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el 24 de octubre pasado.
El actor no acreditó haber sido presionado ilegítimamente para firmar su carta renuncia y posterior finiquito por lo que al no encontrarse probada la vulneración de su integridad psíquica y su honra debe entenderse que la relación laboral término por renuncia voluntaria del trabajador.
Para hacer uso de este permiso el trabajador o trabajadora no necesita de una permanencia mínima previa en la empresa, pero sí debe dar aviso a su empleador 30 días antes de la celebración del vínculo.
El Tribunal de alzada razona que el recurrente parece olvidar la legislación que le es aplicable, el Decreto Ley 3.500, que instauró la capitalización individual a través de las diversas administradoras de fondos de pensiones.
El Tribunal de alzada descartó la procedencia de aplicar la figura de la prescripción, ya que al no realizarse el traspaso de los excedentes no se agotó el plazo que se prolonga en el tiempo.
El caso ha suscitado gran atención en los medios de comunicación en EE.UU. porque está en juego el alcance de la libertad de expresión.
La iniciativa le entrega nuevas facultades, establece un fortalecimiento a la carrera funcionaria y se fijan normas en el ámbito de la fiscalización que perfeccionan las facultades en materias de seguridad y salud en el trabajo.
Las personas defensoras de derechos humanos están particularmente expuestas a la violencia, siendo Honduras uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de los derechos humanos.
El recurrente estimó que se vulneraría la igualdad ante la ley.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona y García, quienes fueron del parecer de declarar inadmisible el requerimiento.
