CGR determinó que autoridad se encuentra facultada para ponderar gravedad de una contravención y decidir entre imponer una anotación de demérito u ordenar el inicio de un procedimiento disciplinario.
El ente contralor adujo que no toda situación que afecte de manera negativa el cumplimiento de los deberes aplicables a los funcionarios públicos, importa necesariamente que se configure responsabilidad administrativa.