El artículo 6 de la ley 20.880 establece que las declaraciones de intereses y patrimonios deben efectuarse de manera electrónica.
El Tribunal de alzada concluye que son públicas las actas del COSENA desde 1989 al año 2005 (fecha en que entró en vigencia la reforma constitucional), como también las emitidas con posterioridad a dicho año, salvo aquellas que pudieran afectar la Seguridad de la Nación.
El máximo Tribunal considera que “la omisión de una nueva institucionalidad, es un relevante aspecto que merece ser observado y que puede generar efectos negativos en la adecuada implementación de este proyecto de ley y en la protección de los derechos de las personas».
El máximo Tribunal confirmó la resolución dictada por la Corte de Santiago, que estableció la ilegalidad del proceso que derivó en la expulsión de alumno.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó al Banco BCI por incurrir en actos que atentan contra la libertad sindical de los trabajadores.
El fallo concluyó condenando a los cuatro acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a los afectados.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Egnem, quien estuvo por confirmar el fallo en alzada.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
El proceso iniciado por dos de los Estados de la Unión, hubiera terminado con una medida de amparo cautelar en protección de los derechos de los residentes no solo de los Estados demandantes.
