Cabe recordar que la causa se enmarca en una reclamación electoral contra la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, interpuesta por el Obispo José Paredes Escobar y otros pastores.
La iniciativa propone modificar el reglamento de la Cámara Alta que regula la actuación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Concluye la sentencia aduciendo que en la especie no resulta posible tener por concurrente la hipótesis que prevé el legislador y que permitiría a esta Corte proceder a la uniformidad pretendida por el recurrente.
El Consejo señala que la información requerida no es objeto de causal de reserva, debido a que corresponde a una persona fallecida, y como se ha resuelto de decisiones anteriores, la protección de la vida privada no resulta aplicable al caso de la especie.
La gestión pendiente incide en los autos sobre infracción a la ley penal de que conoce el Juzgado de Familia de Pudahuel.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada y estudiada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
La sentencia concluye reconociendo la lesión de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pero nada puede decir respecto de la cuantía de la indemnización.
La gestión pendiente incide en autos de protección de garantías constitucionales de que conoce la Corte de Apelaciones de Talca.
En fallo unánime, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de José Flores Araya y Rodolfo González Pérez.
La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
