El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, tras establecer que por tratarse de un delito de lesa humanidad es imprescriptible, tanto en el aspecto penal como civil.
El ente contralor concluye que no es posible dar por satisfechos los requerimientos formulados por esta Contraloría General.
Se señala que la responsabilidad por daños ocasionados por los agentes públicos en ejercicio de sus funciones ante un caso de violencia intrafamiliar, genera responsabilidad del Estado.
El proceso sumarial no se encontraba afinado, ya que se encontraba pendiente resolución de recurso administrativo de impugnación.
Se acogió el recurso de nulidad deducido, declarando nula la sentencia impugnada.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Concepción.
El municipio acusa que la resolución de la SMA no se ajustó a las exigencias y estándares propios del debido proceso sancionador.
El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Robert Ignacio y David Octavio Díaz Loreto y su padre Octavio Ignacio Díaz Álvarez.
La requirente estima que el precepto impugnado vulneraría la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
Una mujer con 26 semanas de embarazo le negaron un aborto, pese a que ponía en peligro su vida. El caso es revisado en el alto Tribunal y se teme que los magistrados limiten los meses de gestación en los que las mujeres pueden abortar
