La Tercera Sala del máximo tribunal revocó la sentencia apelada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, tras establecer que la excepción de prescripción opera a los tres años, a contar de la fecha del reporte tardío y no desde cuando se realizaron las gestiones cuestionadas.
En la sentencia, acogió la acción tras establecer la responsabilidad de la casa de estudios por la negligente atención brindada a la demandante, quien sufrió un accidente grave, tal como lo instituyen los protocolos de la UDP.
De acogerse la inaplicabilidad intentada se utilizaría a este Tribunal para crear recursos que no están reconocidos ni en la legislación sectorial y tampoco necesariamente lo están en la procesal civil, eludiendo lo mandatado por el legislador, a quien le corresponde normar en esta materia.
El máximo Tribunal indicó que, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el tribunal, simplemente no se satisfacen las causales de retención del aporte patronal consideradas en el artículo 13 de la Ley N°19.728.
El particular, fue detenido por funcionarios de Carabineros que recibieron una denuncia anónima -que no fue registrada por los agentes- en la que se acusaba la venta de droga en un sector de Melipilla, indicio que no fue suficiente para controlar la identidad del actor, debido a su falta de claridad y precisión.
La autoridad habría recibido millonarios pagos de un empresario ucraniano residente en Francia, que buscaba obtener un resultado favorable en un litigio judicial. Las investigaciones siguen en curso, pues se sospecha que el caso esconde un intrincado esquema de corrupción.
El requerimiento no configura un estándar argumentativo suficiente como para generar convicción respecto de que los parámetros hayan sido quebrantados, toda vez que si bien no es posible la casación en este procedimiento por su naturaleza, el legislador previó que ante determinadas situaciones se pudiera interponer la nulidad del laudo, de acuerdo al artículo 34 y siguientes de la Ley 19.971 sobre arbitraje comercial internacional.
La práctica judicial demuestra que la circunstancia agravante de reincidencia rara vez consigue aumentar la pena a imponer a la persona que comete un nuevo delito.
La madre siguió percibiendo una cuota destinada a la hija, sin haber demostrado su utilización en su beneficio, lo que importa una apropiación indebida del crédito, pues ella no es la destinataria de la cuota alimentaria. Por ende, y dado que no alegó, ni acreditó que desde esa fecha afrontó gastos de la hija, adeuda las sumas percibidas sin causa. Ello configura un abuso de derecho y un enriquecimiento sin causa.
Se puede aceptar que los comentarios reflejaban un grado de malestar social que podría requerir una respuesta política, además del hecho de que correspondían al tipo específico de comunicación que se encuentra en ciertos portales en línea. No obstante, en un contexto electoral, el impacto del discurso racista y xenófobo se hace mayor y más nocivo, particularmente por el clima político y social conflictivo que primaba en aquel momento.
