En la sentencia de reemplazo, el máximo Tribunal del país establece la responsabilidad del Municipio por la falta de servicio.
El Tribunal de alzada confirmó el actuar de la autoridad fiscalizadora que ordenó realizar un nuevo proceso de devolución de fondos que caducaron sin ser cobrados por los cotizantes.
El Consejo hace presente que en cuanto a la solicitud de antecedentes personales de un funcionario, ENACAR S.A., sociedad anónima en que el Estado tiene una participación accionaria superior al 50%, no le son aplicables las normas sobre el procedimiento de acceso a la información pública.
El CPLT señala que sin perjuicio del análisis que pueda desarrollar la Contraloría, se destacan en el informe determinados resultados estadísticos los cuales a su juicio podrían ser de interés para el ejercicio de las funciones del Órgano de Control.
La Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur (Fipasur) considera que ellos mantienen el manejo y administración del área, y que poseen el legítimo derecho de negociar con una empresa que solicita una concesión sobre territorio ya administrado, considerar lo contrario vulneraria lo ratificado en el Convenio 169 de la OIT.
La Contraloría concluye señalando que correspondiendo al alcalde la dirección y administración superior del municipio, éste se encuentra facultado para adoptar las medidas que estime necesarias a fin de resguardar debidamente el patrimonio municipal.
El máximo Tribunal señala que aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Se debe concluir que los sentenciadores de la Corte de Talca incurrieron en yerro al acoger el recurso de nulidad intentado por la parte demandante que se fundó en la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo.
La Contraloría advierte que si bien la autorización solicitada por la referida entidad ha versado sobre el artículo 23 de la citada resolución N° 30, hace presente que el artículo 4° del mismo cuerpo normativo establece que en casos calificados se pueden aceptar en subsidio de los documentos originales.
En aquellas situaciones excepcionales en las que la condición de salud del menor requiera cuidados médicos permanentes que impidan que sea atendido en una sala cuna convencional, corresponde a la Administración posibilitar el derecho de la madre de acceder al beneficio de que se trata.
