Cuando se ingresó al inmueble no se tenía certeza que el vehículo era robado, por lo que no era obligación de la policía informar los derechos a la persona a quien solicitó el permiso para registrar el domicilio.
Ningún ilícito todavía podía atribuírsele. Sólo una vez que se revisa el vehículo y se constata que tiene encargo por robo, es decir, una vez que se está ante un delito flagrante, se da lectura de derechos a la acusada y se le detiene.