La recurrente solicitó la paralización inmediata de las pruebas ya que existiría una afectación directa a sus derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas.
Se busca fortalecer el rol público del canal, a través de modificaciones en su gobierno corporativo y forma de financiamiento.
«Es intolerable y una vergüenza que, en lugar de abordar las injusticias y las arraigadas desigualdades que afectan a las Américas desde hace generaciones y que agravaron el impacto de la pandemia, muchos gobiernos hayan tratado de silenciar y reprimir a quienes protestan pacíficamente y alzan la voz para reclamar un mundo más seguro, más justo y más compasivo», ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía.
La autoridad sectorial reconoció el complejo escenario que se vive, al tiempo que adelantó que la Dirección General de Aguas buscará asegurar el abastecimiento humano y reducir al mínimo los daños causados por la sequía.
Si las partes no llegan a acuerdo, el Tribunal retomará el juicio, abriendo el término probatorio, que permitirá determinar si ha habido o no daño ambiental en la zona, junto con definir un plan de reparación en el primer caso.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
Exconcejal de la Municipalidad de San Fernando, Enrique de Jesús Díaz Quiroz, es imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de cohecho y fraude al Fisco.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, al denegar la cobertura del tratamiento recomendado por médico tratante, debido al alto costo del fármaco.
Por lo anterior, cualquier acto posterior realizado por el árbitro constituye una violación a la igualdad ante la ley y al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.
La Contraloría debe pronunciarse sobre la controversia al no existir derechos indubitados de los recurrentes.
