El requerimiento se efectuó por el Diputado Jaime Naranjo Ortiz.
Los razonamientos del sentenciador deben observar claridad, congruencia, armonía y lógica.
Tras las elecciones que se realizaron el pasado domingo 21 de noviembre en donde los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric obtuvieron 27,91% y 25,83% de los votos respectivamente, la mesa directiva del órgano Constituyente declaró que no les corresponde analizar resultados electorales, puesto que su tarea es enfocarse en escribir una Nueva Constitución.
Lo anterior, en virtud de las medidas especiales adoptadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social al respecto.
Tras una segunda petición para reunirse con la Convención, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se presentará ante los constituyentes el próximo 27 de diciembre para discutir temáticas relacionadas al empresariado en la Nueva Constitución.
El Tribunal de alzada ratificó el fallo del 14 Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de La Serena, con declaración que se aumenta el monto de indemnización por daño moral que la demandada deberá pagar la suma total de $4.500.000, manteniendo en 10 UTM el pago de la multa a beneficio fiscal.
La sentencia sostiene que es posible concluir que, efectivamente, la actuación del Servicio demandado en el caso en examen fue deficiente y negligente, configurándose de este modo la falta de servicio que sirve de sustento a la demanda intentada, toda vez que la práctica de la amigdalectomía generó en paciente un hiato longitudinal de sus cuerdas vocales y una subluxación del cartílago aritenoides derecho, lesiones que derivaron en una disfonía persistente.
El máximo Tribunal consideró que hubo actuar arbitrario del Consejo de Monumentos Nacionales al no someter a consideración de las comunidades indígenas el destino de los hallazgos.
El máximo Tribunal señala que conforme se expresa en el recurso, la materia de derecho objeto del juicio que se propone uniformar, dice relación con el “alcance y aplicación del artículo 459 Nº 4 del Código del Trabajo, y en particular en cuanto a las motivaciones fácticas que deben concurrir en la sentencia al momento de valorar o desacreditar toda la prueba rendida».
