El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que acogió el despido injustificado y cobro de prestaciones, tras establecer la relación laboral entre las partes.
El Tribunal de alzada desestimó la acción constitucional, tras establecer que el sumario administrativo que el recurrente pide invalidar se encuentra pendiente.
Gauri van Gulik, directora para Europa del órgano, declaró que «es un día aciago para la libertad de prensa y la justicia en Turquía que sienta un aterrador precedente para decenas de periodistas que se enfrentan a juicios por cargos falsos de terrorismo similares».
Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento la Sala designada por el Presidente del TC confirió ?traslado a las demás partes de la gestión invocada, por el término de diez días?.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos sobre cumplimiento de sentencia laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en los que se solicita el embargo de determinados bienes de la subvención escolar de la requirente debido a una sentencia laboral en su contra.
La Corte de Valparaíso indicó que el proceder de la recurrida ha sido de acuerdo a derecho, es decir, se ha conformado a la normativa vigente, vale decir los artículos 116 inciso primero y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
El máximo Tribunal indicó que, conforme se colige del mérito de los antecedentes, el mismo asunto que ha servido de sustento a la acción constitucional promovida en estos autos se halla sujeto a discusión ante el Juzgado de Garantía de Valdivia.
El pago de una suma de dinero, como es la remuneración debida, jamás podría considerarse una obligación intuito personae.
La publicidad y acceso a la información de esta Contraloría se rigen, en lo que fuere pertinente, por los Títulos II y III y los artículos 10 al 20 del Título IV de la Ley de Transparencia.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fuentes y el abogado integrante Figueroa.
