En la resolución, el Ministro en visita acusó a Jorge Enrique Schweizer Gómez, Marcial Edmundo Vera Ríos, Domingo Antonio Campos Collao y Víctor Matus Vásquez como autores del ilícito, perpetrado el 4 de octubre de 1973, en la comuna de Lautaro .
El máximo Tribunal indicó que el recurrido, al cerrar y, con ello, impedir al recurrente el libre tránsito por los dos caminos objeto de su acción, ha alterado el statu quo vigente, incurriendo así en una actuación que resulta arbitraria e ilegal.
La gestión pendiente incide en un recurso de protección, de que conoce la Corte de Santiago, deducido por la recurrente contra la Municipalidad de Renca por haberle informado que debe renunciar a sus labores de profesora en un colegio municipal para poder asumir como concejala de la misma comuna.
El máximo Tribunal indicó que, teniendo presente los fundamentos esgrimidos para rechazar las licencias médicas, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale más que la referencia a los antecedentes que la llevan a concluir el carácter crónico e irreversible de las lesiones.
El juez requirente estima que los preceptos impugnados vulneran el debido proceso, pues no existe un acto de imputación formal a modo de una acusación requerimiento o querella, y asimismo el denunciado no cuenta con un término especial de prueba para llevar sus descargos.
El máximo Tribunal expuso que, existiendo en el ordenamiento jurídico nacional procedimientos de reclamo ante los órganos administrativos respectivos para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos de los interesados, resulta evidente que ésta no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar.
La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Muñoz, quien adujo que, sin perjuicio de que la indemnización se fijará en unidades reajustables, los reajustes deben calcularse conforme lo establece el artículo 5° del Decreto Ley N°2186.
La Magistratura Constitucional dominicana rechazó el recurso de revisión constitucional en materia de amparo y confirmó la sentencia impugnada.
Basta con el conocimiento cierto del acto. Bajo dichas circunstancias, caducó el derecho del funcionario a demandar, por lo que la sentencia no resulta anulable.
La acción fue deducida por una operadora telefónica a contrata en la central telefónica del Senado.
