El riesgo generado por la infracción resulta de una magnitud que deja expuestos a eventuales daños a una gran cantidad de usuarios.
El Tribunal de alzada determinó que la Fiscalía no dejó a disposición de la defensa los medios probatorios cuestionados.
No se observó irregularidad en tal declaración por parte de la autoridad competente.
El recurrente adujo que se conculcó el derecho de propiedad, puesto que se tiene derecho sobre la calidad de grado y capacitación para optar a los concursos públicos.
El precepto impugnado se refiere, en esencia, a los fondos o créditos disponibles suficientes en cuenta corriente con que debe contar el librador en poder del Banco librado y el giro doloso de cheques.
El máximo Tribunal expuso que si bien el daño moral debe ser acreditado para que proceda su indemnización, su demostración depende del caso concreto en que se reclama, y si su contexto se vincula con la existencia de lesiones corporales acreditadas.
El máximo Tribunal señaló que ?de la lectura del libelo de autos aparece de manifiesto que no se han mencionado hechos que puedan constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República».
El requirente consideró que los preceptos impugnados vulneran el derecho de propiedad, ya que hacen posible la pérdida del dominio de un bien común con el sólo consentimiento de una mayoría.
El máximo Tribunal expuso que la situación planteada no es posible de homologar con la de los fallos que han servido de sustento al recurso extraordinario en análisis, pues ambas se refieren a demandantes que no tenían la calidad de agente público.
De acuerdo a la Fiscalía, la operación consiste en la entrada de Santander en la propiedad de Servipag (actualmente de propiedad de Banco de Chile y Banco BCI) mediante la transformación de ésta en una sociedad anónima.
