El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.

A Quezada, quien anteriormente había sido seremi de Hacienda y gobernador de la Provincia de Iquique durante la primera administración de Piñera, se le acusa de haber pagado sobreprecios, a través de tratos directos, a las empresas proveedoras de las cajas que se repartieron en el marco del programa “Alimentos para Chile” durante la pandemia.

El máximo Tribunal revocó la sentencia en alzada, tras establecer la responsabilidad de la demandada por incumplir obligación de mantener la ruta en condiciones de seguridad para el desplazamiento de los usuarios.

El máximo Tribunal estableció falta o abuso grave al denegar la entrega de la información solicitada por ley de transparencia y descartó que su publicidad afecte derechos comerciales o económicos de la AFP.

El máximo tribunal acogió la acción cautelar al considerar que la falta de medidas de resguardo pone en riesgo la seguridad e integridad de los funcionarios de la salud que laboran en un sector que presenta una alta concentración de población flotante y, consecuencialmente, niveles preocupantes de conflictividad y delincuencia.

Para la compañía minera no se justifican los argumentos de rechazo e insisten en haber trabajado “activamente y en cooperación con la SMA desde la presentación del primer PdC en mayo de 2021”.

Una publicación de dichas características sólo puede tener como fin, extender hacia los demás miembros del conglomerado social, la aversión, animosidad y aborrecimiento de los recurridos hacia la actora, ejecutando actos que riñen con el buen convivir en un estado de derecho.

El imputado se encontraba junto a un acompañante en una calle al costado de la cárcel de Los Andes intentando lanzar al interior del recinto una pelota que contenía papelillos de cocaína y marihuana, cuando fue sorprendido por personal policial que acudió al lugar, alertados por vecinos y personal de Gendarmería.

El interés público informa a ambos lados de la balanza: el público tiene interés en la correcta administración de justicia, así como en que se garantice la seguridad del transporte. Para el legislador, el interés público consiste en el derecho de las partes a un juicio justo y a presentar todas las pruebas pertinentes que sean necesarias.

Es absolutamente insuficiente el perito con el que se pretende respaldar dicha patología.