Los hechos denunciados eventualmente podrían constituir vulneración de garantías constitucionales tuteladas por el artículo 20 de la Constitución.
Los hechos denunciados deben ser discutidos y probados en un juicio de lato conocimiento, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.
De lo contrario, el denunciante estaría obligado a accionar mientras se encuentra vigente la situación e ignorando su desenlace.
El requirente estima que infringen su derecho constitucional a ejercer la acción penal.
El informe previo y obligatorio que debe realizar la COMPIN es vinculante para los servicios públicos.
La autoridad no puede exigir una solicitud formal si niega la petición del actor, sin emitir por escrito un acto administrativo que contenga los razonamientos.
La evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial forma parte del derecho a la intimidad del paciente y su vulneración genera un perjuicio que amerita reparación.
Es arbitrario obligar solo a venezolanos a usar overol blanco como medida para evitar la propagación del Covid-19, mientras que no se aplica el mismo criterio al resto de pasajeros y tripulación. Sin embargo, el uso de grilletes está justificado conforme a la Ley N° 18.216.
La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de protección al estimar que no se cumplía con las exigencias reglamentarias.
Si una persona ha cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva permitido por la Constitución sin contar con sentencia condenatoria en su contra, debe ser puesto en libertad sin necesidad de orden judicial.
