El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que confirmó la de primer grado que rechazó la acción debido a que la parte demandada cuenta con un título que justifica la tenencia del inmueble.

La Magistratura Constitucional señala que el ordenamiento laboral no ha distinguido y determinado, en contraste a como ocurre en otro sector, aquellas infracciones que pueden ser leves, graves o gravísimas.

La Magistratura constitucional colombiana explicó que respecto a lo que la actora sugiere como aplicable, no es precedente para este caso en tanto que en esa ocasión se probó la convivencia con la cónyuge dentro de los 2 años anteriores al fallecimiento y la Corte Suprema de Justicia no estaba obligada a seguirla y a arribar a idénticas conclusiones en este asunto concreto.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Las demandas se presentaron luego de que el presidente de la República, Jair Bolsonaro, anunciara que la vacunación contra el Covid-19 no será obligatoria en Brasil y que el país no adquirirá CoronaVac.

Los reclamantes arguyen que en el fallo impugnado el tribunal establece que los montos gastados en forma ilegal por el alcalde son de poca entidad, que no afectaron al patrimonio de la municipalidad.

Como forma de reducir las causas que se encuentran en tramitación en el Poder Judicial.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La sentencia señala que serán reclamables ante el Tribunal Calificador de Elecciones, las resoluciones del tribunal supremo referidas a reclamaciones de nulidad o rectificación de escrutinios de las elecciones de los órganos señalados en el artículo 25.

La reclamante arguye que la resolución que impugna, vulnera los derechos de los pueblos indígenas garantizados en tratados internacionales sobre DD.HH, que imponen la exigencia mínima de consulta en el caso que la implementación de un proyecto pueda afectar tierra y recursos naturales de propiedad indígena.