El requirente alega que no puede defenderse de una sanción desproporcionada y cuya cuantía crece en el tiempo, lo que vulnera las garantías constitucionales que invoca.
Sentencia dictada en procedimiento simplificado no escriturada, se anula. El máximo Tribunal advierte que se ha hecho una práctica común, en juicios orales simplificados, registrar solamente la parte resolutiva de las sentencias, lo que no asegura los derechos de los intervinientes del proceso penal.
La requirente estima que las normas impugnadas vulneran el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso.
En la especie, la Subsecretaría de Hacienda estableció una regulación orientada a resguardar la seguridad e integridad del inmueble fiscal y de los funcionarios y servidores públicos que ejercen allí sus labores.
El requirente sostiene que se ha permitido llevar a cabo un remate con diversos vicios procesales, vulnerando su derecho al debido proceso y propiedad.
Las acciones o reclamaciones de carácter administrativo no ocupan el mismo lugar ni preponderancia que el de amparo de garantías resguardadas en el artículo 485 del Código del Trabajo.
La hipótesis no se encuentra prevista como causal de rechazo de licencias médicas en el DS N°3 de 1984 del Ministerio de Salud.
El requirente alega que se infringe el principio de irretroactividad de la ley en materia penal.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la entidad bancaria al ponerle término unilateralmente a la relación contractual.
El Tribunal de alzada desestimó el recurso, por considerar que no se advierte ilegalidad alguna en lo manifestado por la autoridad comunal.
