El Tribunal de alzada acogió el recurso por considerar que el amparado cumplía con «todos los requisitos objetivos establecidos en el D.L. N° 321.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso penal pendiente seguido ante el Tribunal de Juicio Oral de Iquique.
El acuerdo unánime de la Comisión establece la obligación de publicar toda audiencia o reunión, cualquiera sea el día lugar y hora en que se produzca.
El alcalde Mauricio Carrasco señaló que la medida se debe a las «pérdidas millonarias» que han afectado a los vecinos, y se pedirá una compensación por el perjuicio económico y social.
El protocolo de Nagoya fue suscrito en el año 2010, pero no se ha ratificado por Chile. Proporciona una base sólida para dar mayor certeza y transparencia jurídica tanto a proveedores como usuarios de recursos genéticos, fortaleciendo las oportunidades para compartir justa y equitativamente los beneficios.
La sentencia sostiene que los funcionarios públicos pueden recurrir a los procedimientos de tutela laboral, establecidos en el Código del Trabajo, como todo trabajador.
El órgano de control precisa que las disposiciones sobre la materia no establecen la posibilidad de que el servicio empleador otorgue facilidades de pago.
La gestión pendiente incide en los autos sobre giro doloso de cheques, de que conoce el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
El documento pretende ser una ayuda a “todas las personas que son partidarias de una sociedad libre y responsable”.
Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Constitucional estimó acoger parcialmente los tres recursos de amparo presentados por diputados de Ciudadanos (C’s).
