CS acogió unificación de jurisprudencia y reitera aplicación de normas sobre tutela laboral en favor de funcionarios públicos.
La decisión fue adoptada con la prevención del Ministro Blanco.
La decisión fue adoptada con la prevención del Ministro Blanco.
El órgano contralor indicó que el ISP actuando dentro de sus potestades, se encuentra facultado para solicitar los antecedentes comerciales y financieros.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de casación en la forma y en el fondo, deducidos ante la Corte Suprema.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ratificó la de primer grado que no dio curso al reclamo de multa administrativa por extemporáneo.
El máximo Tribunal descartó falta o abuso de los jueces que condenaron a la entidad bancaria por su responsabilidad en la sustracción fraudulenta de fondos de cuenta corriente de clienta, infringiendo la ley de protección de los derechos de los consumidores.
El Tribunal de alzada en sentencia de reemplazo, acogió la denuncia y ordenó el cese inmediato de toda medida, decreto o resolución que desconozca el funcionamiento de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del hospital o que impida o entorpezca el trabajo de los facultativos recurrente.
La Comisión Interamericana advierte con profunda preocupación que estas muertes se producen en un contexto de reiterados actos de violencia en los centros del sistema penitenciario de Brasil, caracterizados por graves problemas de hacinamiento y condiciones de detención deplorables.
La propuesta plantea actualizar y ajustar la normativa aplicable a la materia a los requerimientos que surjan en el contexto de la cooperación jurídica internacional entre Estados.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de integridad física y psíquica, debido proceso, y sus derechos de protección a la salud y de propiedad.