El método utilizado por la actora no puede ser asimilable a ninguno de los supuestos analizados -firma digital o firma electrónica- puesto que carece de las características que requieren ambos medios de suscripción de documentos, lo que hace que el pegado de una firma no pueda ser asimilado a la firma electrónica. Reconocer su validez sería tanto como permitir reemplazar la firma original por una simple fotocopia.

La iniciativa busca permitir que se pueda usar lápiz de pasta azul para la votación y que los apoderados generales tengan un poder simple y no notarial para ejercer ese cargo.

La Décimo Tercera Sala del tribunal afirma que resulta útil tener en consideración que los testigos aluden al extenso lapso de tiempo por el cual la actora se mantuvo con la preocupación constante por los vicios que presentaba el departamento y las manchas y hongos que se apreciaban en la pintura del cielo.

La Segunda Sala del tribunal de alzada estableció que no hay una actuación arbitraria por parte del Ministerio de Obras Públicas, dado que no se ha realizado el acto expropiatorio y que el recurso de protección no es la vía idónea para cuestionar la legalidad o legitimidad de dicho acto.

La encuesta Cadem mostró una mejora en el apoyo que tiene la opción a favor de la propuesta, llegando a 28%, algo muy por debajo de lo que alcanzó la opción en contra (53%). A dos meses del plebiscito de salida, aún existen temas en los cuales todavía no se ha llegado a acuerdo.

El propósito es habilitar un permiso de acompañamiento para personas en riesgo de suicidio, lo que permitirá a cualquier individuo, ya sea familiar o amigo/a apoyar a uno de los suyos en esta situación difícil y extrema, sin temor a perder el empleo.

La Segunda Sala del tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida al denegar la cobertura solicitada al anteponer consideraciones de orden económico y administrativas al interés superior del niño.

La Séptima Sala del tribunal de alzada consideró que hubo actuar arbitrario al negar la revisión del fraude.

La jueza consideró que el establecimiento fue responsable por el daño moral por inacción  provocado a la alumna al no evitar el acoso escolar de compañeras de curso.

En la misma sesión, las y los diputados votaron parte del articulado del proyecto que modifica la normativa para la determinación de la calidad de refugiado.