Debido a las últimas emergencias acontecidas en nuestro planeta, el cambio climático y a progresivos desastres naturales, debemos permitir que la mayor cantidad de miembros de la sociedad civil puedan contribuir a contener y a superar cualquier emergencia.

No estamos, como ocurre con la responsabilidad civil de naturaleza tributaria, ante una responsabilidad «ex lege», sino ante una responsabilidad derivada del delito, es decir, dirigida a reparar el daño causado: no se trata del plazo para devolver cantidades indebidamente percibidas, sino de restituir lo que ha sido objeto de un delito de estafa.

Unificar bajo un criterio específico y orientador aquellas atribuciones que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones posee, en tanto organismo rector nacional del tránsito.

Para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna y se encontrara en situación de incapacidad permanente total.

El trámite de restitución internacional se encuentra supeditado solamente a que se acredite la ilicitud de un traslado o retención de una persona menor de edad, que consiste en la infracción a la ley vigente en el estado de residencia habitual del niño, siendo que la mentada Convención de la Haya no resuelve las problemáticas del derecho aplicable y jurisdicción en el tema del cuidado.

En el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, del 2017, se identificó un contexto de estigmatización y criminalización a quienes convocan y participan en manifestaciones públicas, aunado a actos de amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos.

En el año 2008 el sentenciado falsificó un acuerdo de pago para eludir el cumplimiento de una sentencia civil que lo condenó a pagar $5.100.000.-, delito de falsificación por el que fue condenado penalmente en 2010, sentencia que interrumpió la prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual, por la que finalmente fue condenado al pago de perjuicios materiales y morales.

El demandante fue educado en condiciones de segregación, por lo que el Estado tiene el deber de tomar medidas para corregir esa desigualdad y evitar la perpetuación y la discriminación resultantes de la sobrerrepresentación de alumnos romaníes en la escuela.

El sentenciado se dedicaba a la venta de pasta base en los sectores cercanos a playas de Cartagena, lugar donde la policía lo sorprendió vendiendo dicha sustancia a los transeúntes, decomisando mas de 20 papelillos, así como dinero en efectivo producto de la actividad ilícita.

La empresa carece de interés directo en los resultados de la elección por no ser parte del Sindicato.