La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Romero, Pozo y Silva, quienes estuvieron por rechazar la impugnación.
El fallo impugnado soslayó el efecto procesal mencionado, por cuanto, erradamente, no respetó la inversión del onus probandi.
El caso versa sobre unos contratos financieros atípicos comercializados por banco popular por un valor de 10 millones de euros.
Las gestiones pendientes inciden en autos ejecutivos, seguidos ante el Juzgado de Letras de Victoria, en actual conocimiento de la Corte de Temuco.
El pleno de ministros dispuso además la apertura de un cuaderno de remoción respecto de estos ministros, señalando en la resolución que «en atención a los fines del procedimiento dispuesto, se decreta la suspensión cautelar inmediata de los ministros Emilio Elgueta Torres y Marcelo Vásquez Fernández».
Los legisladores solicitaron mayores antecedentes del caso al director del INE, Guillermo Pattillo, quien participó en la instancia, pero se negó a profundizar en la materia, dado que «es materia de investigación».
El Tribunal de alzada desestimó la acción judicial, tras establecer que la recurrida actuó dentro de sus facultades y sin afectar garantías constitucionales.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que estableció la responsabilidad de la empresa de transportes en el accidente.
El Tribunal acogió la demanda presentada por una académica de Duoc-UC y estableció que hubo una relación laboral desde el año 2015.
El Tribunal validó el acuerdo alcanzado, tras establecer en resolución dictada el 21 de enero pasado, la responsabilidad del Estado en el grave accidente que dejó a la menor con el 75% de su cuerpo quemado.
