La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de unificación de jurisprudencia, en materia laboral, presentado en contra de sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco.
Se solicitó a la Contraloría General de la República –por una funcionaria dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte- invalidar la designación dispuesta por el complejo hospitalario San José, que ordenó el cambio de funciones y una disminución del grado en el que servía la afectada.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección; mas la Corte Suprema, en alzada, revocó esta decisión.
El estudio da cuenta de la presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y será analizada por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en los autos sobre reclamo de ilegalidad de que conoce actualmente la I. Corte de Apelaciones de Santiago.
Uno de los temas pendientes, dice relación con los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y seguridad que decidan suscribir un AVP.
En su sentencia, arguyó que en el presente caso el plazo para la interposición del recurso debe contarse desde la fecha de dictación de cada una de las Resoluciones Exentas objeto de los recursos de protección en examen.
La Corte de Apelaciones de Santiago, acogió el recurso de protección, mas la Corte Suprema, en alzada, revocó esta decisión.
En el arbitrio de nulidad sustancial se denunció la infracción del artículo 2º transitorio del Código de Aguas y del artículo 7° del Decreto Ley N° 2.603 de 1979.
