El requirente alega que la aplicación del artículo impugnado lo posiciona en una situación de indefensión.
La legitimidad activa para intervenir en el procedimiento penal emana de la defensa del interés colectivo de los vecinos que representa, ante crímenes o delitos que afecten la seguridad de sus comunas o a la población más vulnerable de la misma.
Sus comentarios no se habían limitado a criticar al Islam. En su contexto general se hicieron con una intención discriminatoria, como llamar a los espectadores a rechazar y excluir a la comunidad musulmana en su conjunto. Ello es perjudicial para la cohesión social. La sentencia condenatoria de los tribunales nacionales aparece justificada suficiente y pertinente para la injerencia denunciada.
La Dirección de Obras Municipales justificó el incumplimiento a las normas de la SEREMI que ordenaban la suspensión de los plazos de caducidad, en que se trataría de instrucciones ilegales.
No existe una normativa técnica que fije las directrices del diseño, implementación, medición de resultados y seguimiento de la hospitalización domiciliaria.
El control judicial de las detenciones, para constituir una salvaguarda efectiva contra las detenciones ilegales o arbitrarias, debe darse “sin demora”, “tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por el Decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago, al acoger parcialmente la reclamación interpuesta en contra de la resolución sancionatoria adoptada por el Instituto de Salud Pública (ISP).
La normativa que será analizada ahora por la Comisión de Hacienda, busca aplazar hasta el 1 de enero de 2024 la aplicación de estos cambios tributarios, por los efectos que tiene en la normativa minera. Principalmente, en los plazos que se proponen para el cambio de coordenadas de concesiones vigentes.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia confirmada, dictada por el 11° Juzgado Civil de Santiago.
El Tribunal, consideró que la reclamación no podrá prosperar, dado que la reclamante carece de acción para recurrir a los Tribunales Ambientales.
