El actor acreditó todos los indicios de subordinación y dependencia laboral.
La gestión pendiente incide en proceso seguido ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Coquimbo.
El actor no adoptó las medidas de seguridad ordenadas por la demandada y que otorgaban la seguridad que se requiere en el transporte público de pasajeros.
Las leyes N°18.575 y N°19.880 consignan el principio de impugnabilidad de los actos administrativos.
Al respecto, la Magistratura constitucional española adujo que no concurre una forma de discriminación directa de la etnia gitana, sino la consecuencia ordinaria de la propia decisión personal, libre y voluntaria de no acceder a alguna de aquellas fórmulas de constitución en Derecho para establecer el vínculo.
Esto, a propósito de solicitud de la “Agrupación de Almaceneros Unidos contra la delincuencia y PYMES transportistas de productos del retail”, solicitando se declare la ilegalidad del actuar de Comisaría Motorizada de Carabineros, al prohibir que su personal efectúe controles y fiscalizaciones a vehículos que circulen sin su placa patente.
Se concedió orden de no innovar ordenando a la Municipalidad suspender la jornada presencial de las recurrentes y reemplazarla por trabajo remoto durante la tramitación del recurso.
El procesado, que estaba incumpliendo las restricciones impuestas por la Covid-19, increpó a los policías que iban a sancionarle y comenzó a grabar la actuación. Una agente de la Policía Municipal le instó a que cesara y, ante su negativa, le quitó el móvil, detuvo la grabación y se lo devolvió.
Si bien la demandada no tenía la obligación de transportar diariamente al actor, debía pagar la asignación de zona establecida en el contrato de trabajo.
El actor denunció la vulneración de la garantía a la no discriminación por razones políticas.
