El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la decisión adoptada por el Consejo de Rectores que no aceptó a la universidad privada, por no cumplir los requisitos para acceder al SUA.
El recurrente adujo que la sentencia en examen transgredió lo dispuesto en los artículos 434 Nº 4 del CPC y 401 del COT.
La gestión pendiente invocada recae en recurso de unificación de jurisprudencia que conoce la Corte Suprema.
La CAJ informó que sus trabajadores son funcionarios públicos a los cuales no se les aplica el Estatuto Administrativo.
Se indica que el estudiante aceptó la reglamentación interna de la universidad en la cual se condiciona la matrícula a la no existencia de deuda.
El CPLT ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado.
Las gestiones pendientes inciden en autos penales sobre delito de giro doloso de cheque de que conoce el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Se indica que ni ese servicio ni la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez pertinente notificó el rechazo de las mencionadas licencias.
Las gestiones pendientes inciden en procesos penales seguidos ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago y el Juzgado de Garantía de San Vicente de Tagua Tagua.
No se aportaron antecedentes nuevos de hecho, o de derecho, que permitieran alterar el criterio expuesto en el dictamen N° 23.240 de 2016.
