El Tribunal de alzada mantuvo la sanción de 1.000 UTM aplicada a la empresa por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por no dar cumplimiento a contrato de concesión.

El máximo Tribunal rechazó el recurso enderezado en contra de sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que no se pronuncia sobre la cuestión de derecho planteada por la recurrente.

La reclamante llegó al Tribunal luego que el Comité de Ministros rechazara la reclamación administrativa que presentó en contra de la resolución que aprobó ambientalmente dicho proyecto.

Con varias partidas rechazadas, programas repuestos, reasignaciones y hasta anuncios de reserva de constitucionalidad concluyó el debate de los temas más complejos del proyecto de ley de Presupuesto.

La Comisión de Constitución del Senado está revisando los aspectos sobre los cuales existen dudas de constitucionalidad, entre ellos la disposición señalada.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Se constata una inobservancia por parte de la reclamante del deber referido en el artículo 1° inciso 4° de la Ley N° 18.838, específicamente, en lo que dice relación con el respeto a la formación espiritual de la niñez y la juventud, norma que debe vincularse con la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Sexto Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda, declaró prescrita la deuda, condenó en costas a la Municipalidad de Providencia y ordenó a la demandante pagar los permisos de circulación de los años 2016, 2017 y 2018.

La decisión fue acordada con el voto en contra de las Ministras Brahm y Silva, y de los Ministros Letelier y Fernández, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.

Fortaleciendo el sistema democrático mediante una mayor participación ciudadana.