El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que rechazó la denuncia por práctica antisindical y ordenó la restitución del dirigente a sus funciones habituales como jefe de administración y finanzas de la repartición pública.
El Tribunal de alzada acogió las presentaciones del Ministerio Público, los querellantes y la Intendencia Regional de La Araucanía, tras establecer que la sentencia recurrida, dictada el 14 de noviembre por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, violó los principios de la lógica al no fundamentar los motivos por los que arribó a absolución de todos los acusados.
El Tribunal rechazó la acción judicial, tras no lograr acreditar la demandante que sus funciones en el Hospital El Carmen, Dr. Luis Valentín Ferrada de Maipú se extendieron más allá de las especificadas en el contrato a honorarios suscrito.
Municipalidad tomó la decisión de desalojar el inmueble sin realizar un procedimiento previo vulnerando la garantía del debido proceso. Además, no existe claridad de que se necesite una patente municipal y/o autorización administrativa por lo que su falta no puede justificar el acto administrativo censurado.
No es ilegal ni arbitraria la decisión del organismo técnico encargado de regular y controlar el cumplimiento de los requisitos para operar servicios de transporte aéreo en vuelos nocturnos o en condiciones instrumentales si el interesado no se ajusta a ellos.
Atendida la modalidad jurídica del convenio-mandato y el contrato de construcción, correspondía al Gobierno Regional el pago de las nuevas obras siempre que hubieren sido debidamente comunicadas y expresamente aprobadas y no como sucedió, con exceso en el ejercicio de las facultades por parte de la Municipalidad demandada.
Las modificaciones introducidas van en contra de lo que dice la Constitución y los tratados internacionales, afirman quienes se oponen a la reforma previsional.
De acuerdo a la Comisión el indulto a Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica.
El documento señala que el uso de asbesto, durante décadas en el país, se ha traducido en la prevalencia de numerosas personas enfermas, algunas de las cuales han presentado demandas ante la justicia por los daños sufridos.
La decisión fue acordada con la prevención de la Ministra Egnem, quien concurrió a la confirmatoria teniendo únicamente presente que el recurso deducido es extemporáneo.
