El Tribunal estableció la responsabilidad del centro asistencial al programar la alimentación excesiva del menor en tratamiento en el nosocomio que derivó en una neumonía, hecho por el que fue condenada una enfermera en un proceso criminal.
El Tribunal aprobó el procedimiento abreviado propuesto por el Ministerio Público, resolviendo además -respecto a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo- conceder a Valerio Vega el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
La iniciativa permite, entre otras materias, la apelación ante el Consejo Nacional de Educación de la decisión de acreditación adoptada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), tanto de carreras y programas de pregrado de acreditación obligatoria, como respecto de aquellos de acreditación voluntaria.
La instancia acordó la fusión de esta normativa con un segundo proyecto sobre la materia recientemente ingresado a tramitación.
A través de la creación de un ecosistema de innovación abierta, el país asiático se encuentra fomentando la expansión de la oferta y la demanda de robots que permita no solo aumentar la cantidad de pequeños y medianos robots, también diversificar su uso. Se espera que para el año 2022 se inviertan más de seis mil millones de dólares.
La resolución admite la competencia de la Audiencia Nacional para la investigación de los hechos relatados en la querella, que se dirige contra la empresa Undercover global y su gerente.
De las 1.281 personas condenadas a muerte que, según Amnistía, de acuerdo a informes, había en Malasia en febrero de 2019, 568 (el 44%) eran personas extranjeras, que encuentran graves obstáculos para acceder a asistencia consular y servicios de interpretación.
Ordenó la retención de fondos destinados a la institución, por concluir que las facultades económicas de la demandada no ofrecen garantía suficiente para hacer frente a una eventual deuda contraída con un particular.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en contra de la sentencia que estableció que la empresa demandante no probó el dominio de los programas de software.
El máximo Tribunal descartó infracción en el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán que rechazó la demanda.
