La Comisión advirtió que la familia habría sido víctima de desplazamiento producto de la violencia ejercida por parte de la “pandilla 18”, a partir de las denuncias que habrían impulsado por el presunto asesinato de integrantes del grupo familiar.
La nueva ley regula situaciones que la ley anterior no contemplaba, como la posibilidad de divorciarse y volver a casarse. Si bien en la ley antigua el divorcio estaba regulado, éste no ponía término al matrimonio (ya que no disolvía el vínculo) y por lo tanto no permitía a los divorciados volver a casarse.
La requirente estima que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley.
Se requirió precisar la oportunidad en la que se iniciará un juicio de cuentas en contra del Alcalde de la Municipalidad de San Fernando y demás personal de la mencionada corporación.
Cabe recordar que los requirentes habían presentado las solicitudes para registrar sus matrimonios entre el año 2011 y el año 2012.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.
Cabe recordar que el caso trata sobre una abogada que inició sus labores en calidad de Secretaria en la oficina de Derechos Humanos de la citada Corporación.
Razonar en sentido inverso, esto es, que se produzca la referida interrupción sin practicar la notificación respectiva, importa necesariamente concluir que la prescripción de que se trata, continua corriendo sin interrupción.
Ello, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú recomendó destituir a un magistrado y suspender a otros tres por modificar el fondo de una sentencia sobre el caso El Frontón.
La decisión fue acordada con la prevención de los Ministros Aróstica, Romero, Brahm, Letelier y Vásquez.
