El Tribunal de alzada consideró arbitraria la decisión de la entidad tributaria que puso fin a la sociedad profesional por no declarar las rentas por un año.
Decreto mediante el cual se aprobaba el reglamento que regula los convenios de desempeño para los altos directivos públicos establecidos en el párrafo 5° del título VI de la Ley N° 19.882.
Se vulneraba la igualdad ante la ley, el derecho de asociación, la libertad de trabajo y el derecho a negociar colectivamente, y el derecho de sindicación, según el recurrente.
El máximo Tribunal trasandino hizo suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Procuradora General.
La gestión pendiente incide en autos criminales, sustanciados ante el Ministro en Visita Extraordinaria Mario Carroza Espinosa, en actual conocimiento de la Corte de Santiago.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los ministros Brito y Blanco.
Carácter prevalente de los derechos de los niños y niñas.
La jueza requirente estima que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Se condenó a la demandada al pago de las prestaciones correspondientes.
El Tribunal decretó el sobreseimiento definitivo de Héctor Javier Llaitul Carrillanca, Ernesto Lincoyam Llaitul Pezoa, Fidel Lautaro Tranamil Nahuel, Jaime Eduardo Huenchullán Cayul, Rodrigo Nazario Huenchullán Cayul, Jorge Álvaro Huechullán Cayul, David Eduardo Cid Aedo, Martín Damián Curiche Curiqueo, Claudio Antonio Leiva Rivera y José Henríquez Medina.
