Legitimación activa se fundamenta en la demostración de que la disposición u acto administrativo impugnado ha producido o ha podido producir una lesión jurídica de derechos o intereses legítimos en sentido propio.
Tribunal declara inadmisible la acción deducida en contra del acuerdo del Consejo de Ministros que ordena el desmantelamiento de un almacén subterráneo.