Cabe recordar que los requirentes habían presentado las solicitudes para registrar sus matrimonios entre el año 2011 y el año 2012.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.
Cabe recordar que el caso trata sobre una abogada que inició sus labores en calidad de Secretaria en la oficina de Derechos Humanos de la citada Corporación.
Razonar en sentido inverso, esto es, que se produzca la referida interrupción sin practicar la notificación respectiva, importa necesariamente concluir que la prescripción de que se trata, continua corriendo sin interrupción.
Ello, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú recomendó destituir a un magistrado y suspender a otros tres por modificar el fondo de una sentencia sobre el caso El Frontón.
La decisión fue acordada con la prevención de los Ministros Aróstica, Romero, Brahm, Letelier y Vásquez.
Al reunirse las exigencias que tanto el ordenamiento interno como el internacional precisan para la procedencia de la extradición, la Corte resolvió acceder a la petición formulada por el Ministerio Público.
Ni la agencia que hizo de intermediaria ni la pareja española que arrendó su vientre –por el que pagó 35.000 euros como estipulaba el contrato- quieren hacerse cargo de los 9.500 euros de gastos médicos causados por la enfermedad.
Procedimiento de registro de los internos y sus celdas que lleva adelante Gendarmería está sujeto a límites para evitar un rigor excesivo e innecesario y exige proporcionalidad en el empleo de medios.
Joaquín Millón Quintana, Fiscal Anticorrupción de la Provincia de Jujuy, señala que ambos decisorios cierran institucionalmente la discusión abierta luego del informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en cuanto este último había considerado la arbitrariedad de la detención cautelar de Milagro Sala, circunstancia que diera lugar a una gran estrategia de politización del caso.
