Luego de la destitución de la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, la Cámara de Diputados ha debido pronunciarse frente a 11 acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, del Poder Judicial y autoridades regionales.
El máximo Tribunal señaló que el actuar de la recurrida vulneró la garantía del 19 artículo numeral 2 de la Constitución Política de la República.
El Tribunal rechazó la acción judicial presentada por la jefa de Recursos Humanos del Departamento de Administración de Educación Municipal, argumentando que los dichos del edil «no constituyen una afectación en un nivel que su derecho a la honra prime por sobre el derecho del recurrido a opinar sobre una inadecuada política o decisión de una jefa de servicios».
El tema que convocó las mesas de trabajo fue el destino de los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferente.
La gestión pendiente incide en autos sobre casación en el fondo, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
El demandante argumentó que por más de 2 años ha sido trabajador permanente del municipio.
La Corte Suprema se refiere a la competencia y el procedimiento que se le otorgan a los juzgados de policía local en la materia.
La Sala Plena observó que la imposibilidad transitoria física o mental para conducir, como causal de suspensión de la licencia de conducción, no vulnera el principio de legalidad.
El máximo Tribunal indicó que el proceder adoptado respecto al amparado fue ilegal.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación sanitaria, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de La Serena.
