El tribunal laboral, al anular de oficio lo obrado en la audiencia preparatoria, ha infringido la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, así como también el debido proceso.
La gestión pendiente incide en autos sobre juicio ordinario civil, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Rancagua, en actual conocimiento de la Corte de Rancagua por recurso de apelación.
Las causales de nulidad impetradas, de forma conjunta, fueron las consagradas en el artículo 478, letras c) y b), del Código del Trabajo.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada y en su lugar dispuso que se acogiera la acción de protección deducida.
Procedería solo en cuanto se trate de una medida de protección y seguridad, siempre y cuando la respectiva institución cuente con los medios para otorgar tal apoyo.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El requirente estima que los preceptos impugnados vulnerarían la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la ley N° 19.933, no dispuso del aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar en resguardo del derecho a la vida y a la integridad física y síquica del anciano.
El máximo Tribunal acogió la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del banco.
