El Tribunal determinó que el no gestionar la internación del paciente en un centro de larga estadía para tratamiento, constituye una omisión ilegal y arbitraria, que vulnera sus derechos y los de los vecinos recurrentes.
La demandada señaló que fue obligada por su ex pareja a venderle las parcelas, las que posteriormente vendió a padre con el único fin de que éste la despojara de esas propiedades.
La Corte revocó la sentencia condenatoria de primera instancia, tras determinar que no se había acreditado que el local denunciado efectivamente había prestado el servicio de instalación de los repuestos, considerando que ese tipo de establecimientos también realiza ventas sin asesoría ni instalación.
El Juez consideró una condena por manejo en estado de ebriedad del actor de 1998 para agravar su responsabilidad en un nuevo ilícito, aplicando para ello las normas de la Ley N°20.580, publicada en 2012, y en definitiva, suspender la licencia de conducir del acusado por cinco años.
La Corte de Talca acogió parcialmente un reclamo de ilegalidad en contra del CPLT, al estimar que la entrega de la información exigiría del municipio de Talca un “trabajo arduo y constante” que desviaría de sus labores a los funcionarios municipales; justificación que el máximo Tribunal consideró improcedente.
El Concejo Municipal tuvo presente, para rechazar la renovación, un informe de la DIPRESEC que daba cuenta de hechos delictivos en un tiempo de 5 años atrás, cuando lo que correspondía era evaluar sólo el año precedente a la solicitud de renovación.
La Corte observó que el procedimiento de regularización del DL N° 2.695 se encontraba extinguido ya que en sede administrativa se había desestimado regularizar la propiedad, por lo que no se tenía derecho a oponerse.
Además, el tribunal resolvió que, no habiéndose cuestionado la validez formal del contrato solemne, es imposible establecer la falta de consentimiento en el mismo, ya que se cumplió con la única forma válida de manifestación de la voluntad para este tipo de negocios jurídicos.
El actor alegó que acompañó los antecedentes que daban cuenta de que su derecho de aprovechamiento estaba registrado en el Conservador de Bienes Raíces, sin embargo, eso no es suficiente, ya que la ley exige que además debe estar inscrito en el Catastro Público de Aguas de la DGA.
La sentencia recurrida revocó aquella de base, y concedió indemnización de perjuicios porque el demandado se retiró de las negociaciones preliminares e hizo uso posteriormente de información catalogada como confidencial, pero no suprimió los considerandos del fallo de primera instancia que asentaron que la información discutida nunca tuvo tal carácter.
