La declaración de la víctima viene avalada por la declaración prestada por el presidente y administrador, y por una vecina del inmueble quienes manifiestan que el acusado es una persona agresiva, que grita al conserje constantemente y le acusa de estar robando a la comunidad, habiendo tenido que intervenir el administrador en más de una ocasión.

La Corte Suprema estimó que las funciones ejercidas por el demandante son propias de un mando medio, y no pueden ser subsumidas bajo un cargo de exclusiva confianza, más aún, si el actor formaba parte del sindicato de trabajadores de la empresa estatal, hecho incompatible para un funcionario que presuntamente ejercía un cargo de confianza.

Los hijos de las partes también son moradores permanentes del hogar y manifestaron su voluntad de permitir que su padre concurriera al hogar a entregarles las bolsas con mercadería, resultando relevante que no se demostró que hubiere alguna orden de alejamiento, que hiciere incurrir al denunciado en infracción de alguna resolución o medida judicial.

La ley de lesa majestad de Tailandia tipifica como delito los insultos contra la monarquía. La aplicación de esta ley ha enfrentado críticas generalizadas por sus duras penas y sus contravenciones al debido proceso.

Se deberá iniciar un proceso invalidatorio de la resolución exenta que designó a un tercero, toda vez que en el proceso concursal que le sirve de fundamento se incurrió en un vicio que incide en la licitud de tal designación.

La falta de valoración no puede superarse a través de la sentencia que dicte la Corte, porque aquello significaría afectar el principio de inmediación.

Aunque la crítica a ciertos estilos de vida por motivos morales o religiosos no está en sí misma exenta de la protección prevista en el artículo 10 del Convenio (libertad de expresión), cuando los comentarios llegan al extremo de negar a las personas LGBTI su naturaleza humana y van acompañados de incitación a la violencia, entonces se incurre en abuso de derecho.

Las incertezas son evidentes y derivan, en buena medida, de la negligencia del Ministerio Público al sustentar su hipótesis en dicha prueba, pero, además, de una actuación del tribunal a quo que termina subsanando las debilidades probatorias de cargo, justificándolas e imponiendo un escrutinio más allá de lo justificado a otros antecedentes y pruebas allegadas al juicio, descartándolas.

El término anticipado radicó únicamente en catalogar el cargo servido por la actora como uno de exclusiva confianza de la autoridad, careciendo del respaldo legal necesario para ello, y luego  se invoca la falta de necesidad de sus servicios, contradiciendo la argumentación anterior.

La libertad de expresión de un profesional de la información, ejercitada a través de un medio de prensa, admite que este realice valoraciones personales, acudiendo incluso a la exageración y la crítica hiriente