La eliminación de dichos documentos se conoció tras difundirse en la prensa un informe del Ejército de Chile en el que se admite la incineración de archivos de dicha época y, a su vez, la inexistencia de actas de incineración.
El fallo desestimó la acción judicial que solicitaba pagar de una suma total de $3.577.870.869 más las cotizaciones previsionales, tras establecer que los demandantes recibieron dichos pagos en sus remuneraciones.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida que condenó a individuo, tras establecer la legalidad del control de identidad y posterior registro de vestimentas a que fue sometido el condenado, lo que permitió detectar que circulaba con un monto de $515.000 de billetes falsificados de 5 mil pesos.
El máximo Tribunal dio lugar a la acción cautelar deducida por afiliado por los descuentos que se realizan a sus remuneraciones por un crédito intercajas, tras establecer el actuar arbitrario de las recurridas al descontar la deuda de las remuneraciones, sin recurrir previamente a los procedimientos ordinarios de cumplimiento.
El máximo Tribunal ratificó la resolución recurrida que estableció el actuar arbitrario del servicio, que excedió sus facultades legales al negar la renovación del carné de identidad, sobre la bases de una investigación administrativa realizada.
El Tribunal acogió la demanda presentada por trabajador, quien sufrió serias lesiones en mano izquierda al quedar atrapado en una correa de transporte de materiales.
Se sostiene que estamos frente a los cambios legales más significativos en materia de sistema electoral, regulación para los partidos políticos y fortalecimiento de la democracia, para luego responder a una serie de interrogantes al respecto.
El Tribunal de alzada estableció la responsabilidad de la empresa en el deceso que ocurrió en la ruta Lumaco-Traiguén, el 27 de abril de 2014.
El Tribunal de alzada descartó que la sanción aplicada vulnere las garantías constitucionales al debido proceso y el derecho a la honra alegadas.
Los llamados “Organismos de la Administración Central” alcanzaron un puntaje promedio de cumplimiento de 81,3% en la última fiscalización del Consejo para la Transparencia.
