El Tribunal acogió la denuncia, tras establecer que el actuar de la recurrida vulneró la garantía constitucional a la indemnidad de la profesional.
El Tribunal condenó a Cereceda Salinas, González Candia, San Martín Villegas y Villegas Valdés a penas de 3 años y un día de presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el término de las condenas; más el pago de multas de 10 UTM, como autores del delito consumado de malversación de caudales públicos.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario al impedir el acceso a las obras.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que ordenó el pago por obras de «Construcción Nuevo Puente San Pedro y Accesos, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos».
El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Garantía de Purén, el 13 de agosto recién pasado, que no dio lugar al sobreseimiento.
El Tribunal estableció la responsabilidad del centro asistencia por falta de servicio, en el deceso de la menor cuya madre presentaba embarazo de alto riesgo por diabetes gestacional.
El Tribunal dio por establecido la relación laboral entre las partes y ordenó a la demandada pagar las cotizaciones previsionales y de salud adeudadas, más las remuneraciones desde la fecha del despido y hasta su convalidación y vacaciones proporcionales.
El Tribunal hizo lugar a la demanda y ordenó el pago a las demandantes de $142.184 por daño emergente, y $5.000.000 por perjuicio moral.
Con la exposición del ministro Felipe Larraín se dio inició a la segunda etapa de la tramitación de la reforma previsional, que fuera aprobada previamente por la Comisión de Trabajo.
La iniciativa que surgió luego de la crisis de los medidores, pretende fijar una nueva tasa de actualización, representativa de los riesgos actuales que enfrentan las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica.
