El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, que estableció que representantes de la empresa Inselec Ltda., se coludieron para evitar el pago.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirma resolución de primera instancia que desestimó la demanda.
El máximo Tribunal acogió el recurso de casación deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró inadmisible la acción judicial.
El máximo Tribunal ratificó la sentencia que condenó a la empresa Servicios Médicos Tabancura S.A. y a médico a pagar $895.157.848 a familia por la negligente atención brindada a parto complicado, que derivó en nacimiento de un niño con parálisis cerebral severa, en 2008.
El Tribunal acogió la acción judicial presentada por ex funcionaria que trabajó 12 años a contrata en el Hospital Luis Calvo Mackenna, por afectación del derecho a la integridad física y síquica y a la no discriminación de la denunciante.
El Tribunal de alzada condenó a Teniente a la pena efectiva de 3 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito de homicidio simple del adolescente de 15 años.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el 24 de octubre pasado.
El actor no acreditó haber sido presionado ilegítimamente para firmar su carta renuncia y posterior finiquito por lo que al no encontrarse probada la vulneración de su integridad psíquica y su honra debe entenderse que la relación laboral término por renuncia voluntaria del trabajador.
Para hacer uso de este permiso el trabajador o trabajadora no necesita de una permanencia mínima previa en la empresa, pero sí debe dar aviso a su empleador 30 días antes de la celebración del vínculo.
El Tribunal de alzada razona que el recurrente parece olvidar la legislación que le es aplicable, el Decreto Ley 3.500, que instauró la capitalización individual a través de las diversas administradoras de fondos de pensiones.
