Dictamina el Contralor que en la medida que uno de los intervinientes de la recepción, envío o conversación los entregue voluntariamente en un proceso sumarial con dicha finalidad, y pueda acreditarse que se refieren o dicen relación con la presunta víctima o el presunto victimario se deben valorar como medios de prueba en sumarios administrativos.

En su acusación, la FNE señaló que “la conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país”.

El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que estableció que corresponde a los tribunales de Santiago la competencia para tramitar el proceso.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la AFP recurrida al denegar la devolución solicitada por la trabajadora y cotizante extranjera, quien cumple con los requisitos legales para retirar los fondos previsionales.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la apreciación de la prueba realizada por el tribunal de primera instancia.

La magistrada desestimó el reclamo al establecer que en la especie, se encuentran probadas las infracciones detectadas por el sumario sanitario abierto y que la resolución sancionatoria del Instituto de Salud Pública, debidamente fundada.

El requisito establecido por la ley constituye una discriminación arbitraria en su contra alega el requirente, atenta contra la igualad ante ley, al derecho a desarrollar una actividad económica, al ejercicio de una profesión, entre otras garantía constitucionales que estima infringidas.

El actor demandó de precario y su acción fue desestimada en alzada, por considerar que existía una superposición de títulos entre las escrituras de dominio aportadas por ambas partes. El litigio se condice con una acción reivindicatoria de lato conocimiento; decisión que el actor intentó revertir en sede de casación, no obstante invocó hechos no asentados que no se pueden modificar debido a la naturaleza de derecho estricto del recurso.

Personal de OS7 de Carabineros concurrió al domicilio del acusado y compró dos papelillos de cocaína, deteniéndolo en el lugar e incautando más de 200 gramos de la droga junto con especies para su comercialización y dinero en efectivo. El recurrente invocó la inviolabilidad del hogar, pero se estimó que el actuar policial se ajustó a derecho por obedecer a una investigación previa denuncia anónima por la venta de droga en el sector.

La protección del interés del menor de edad que afirma haber sido objeto de un delito justifica y legitima que, en su favor, se adopten medidas de protección que pueden limitar o modular la forma ordinaria de practicar su interrogatorio.