La sentencia condenó a los agentes Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff Martchenko, Rolf Wenderoth Pozo, Manuel Carevic Cubillos y Juvenal Piña Garrido a 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los delitos de secuestros calificados de las víctimas.
La Cuarta Sala del máximo tribunal consideró que no existen sentencias de contraste con el fallo impugnado.
La resolución busca resolver los problemas de conectividad en las localidades alejadas de los centros urbanos a lo largo de todo Chile, por medio de una institucionalidad que realice tareas de diagnóstico, planificación y fomento en esta área.
La Comisión de Constitución aprobó por mayoría la idea de legislar sobre la iniciativa que busca simplificar transitoriamente algunos trámites para la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios.
La actuación de la Municipalidad no es arbitraria al estar fundada en el resguardo de las vías y espacios públicos y en el libre tránsito que se debe permitir a los peatones y los vehículos, refiere el voto en contra.
Es al órgano jurisdiccional, dentro de las facultades inquisitivas que van ínsitamente vinculadas a estos arbitrios, a quien concierne exclusiva y excluyentemente determinar respecto de quién se otorga la protección, y el cómo, el cuándo y la forma en que materializará la misma.
La resolución se encuentra ajustada a derecho y ha sido dictada por tribunal competente dentro del marco de sus atribuciones y sin incurrir en ilegalidad alguna a la luz de lo dispuesto en el artículo 142 del Código Procesal Penal.
El denominador común de todo acto violatorio es la confusión: si hay posibilidad de confusión hay violación de exclusividad. También lo es si quien la efectúa a pesar de no causar confusión se beneficia de alguna manera del prestigio que goza la marca registrada. La confusión comprende todo acto que permita crear en la mente del consumidor una asociación de cualquier índole entre la marca registrada y la usada indebidamente.
La recurrente acusó que la divulgación del petitorio en redes sociales por el Centro de Alumnos atenta contra su derecho a la honra y a no ser juzgada por comisiones especiales. La magistratura estimó que las solicitudes de los estudiantes conllevan el ejercicio de la libertad de emitir opinión, informar y presentar peticiones a la autoridad, por lo que el hecho denunciado no es arbitrario ni ilegal.
El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Valparaíso e hizo lugar a la acción cautelar, al estimar que la recurrida no respetó la igualdad ante la ley del actor, sancionándolo con la expulsión sin efectuar una adecuada relación de las normas quebrantadas por el recurrente, por lo que invalidó el castigo y ordenó una nueva investigación administrativa.
